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Cuando los trabajadores/as deben asumir los costos de una crisis que no causaron


Ya van transcurridos más de dos meses desde que el Colegio San Ignacio El Bosque (SIEB) se convirtiera en el centro de la atención pública, luego que un grupo de estudiantes fuera acusado de acosar, hostigar, e incluso abusar de compañeras menores. Hoy, la situación aparenta estar más tranquila, sin embargo, detrás de la momentánea calma se esconde un profundo desgaste físico y emocional de docentes y asistentes de la educación, quienes todavía deben enfrentar graves consecuencias por una crisis que no causaron.


La tardía respuesta de la dirección escolar


El día 31 de marzo estalló un conflicto que pudo prevenir la dirección escolar, de haber escuchado a una comunidad estudiantil que desde inicios de año ya venía expresando su preocupación respecto al tema del acoso. Según constatan distintos miembros del establecimiento, la inacción de la rectora Luz María Acle habría llevado, finalmente, al Centro de Alumnos de Enseñanza Básica a tener que tomar la iniciativa, impulsando una campaña para informar y prevenir situaciones de abuso al interior del colegio. Las autoridades escolares, sin embargo, se opusieron, optando por la política de un cómplice silencio. El resto de la historia ya es conocida: estudiantes agredidas y toda una comunidad fracturada.


Trabajadores/as: la carne de cañón


El 31M marcó un antes y un después dentro de la comunidad del SIEB. Los hechos de violencia ocurridos fracturaron las confianzas, afectando directamente la convivencia y el clima escolar. La comunidad debió enfrentar situaciones para las que no estaba preparada, y que superaron con creces la capacidad de reacción de una rectoría que no logró dar respuestas oportunas y certeras.


En este contexto, el equipo docente debió enfrentar las legítimas expresiones de indignación de los apoderados, llegando incluso a ser agredidos verbal y físicamente por algunos padres/madres. A la fecha, y habiendo pasado más de 2 meses desde los incidentes, el empleador no ha tomado conocimiento formal de los trabajadores que fueron atacados, así como tampoco ha tomado medidas para sancionar a los responsables de dichas agresiones. Sumado a lo anterior, cabe mencionar que un grupo de familias está enfrentando una demanda civil por amenazas de muerte en contra de un trabajador, al cual, además, denostaron públicamente con acusaciones falsas, haciendo uso de la tribuna que facilitó el medio de comunicación “El Líbero”.


Un clima de desconfianza


Este contexto de crisis ha generado un clima de gran desconfianza, que ha tensionado las relaciones pedagógicas al interior del espacio educativo. Lo anterior ha llevado a que cualquier reclamo de un estudiante se traduzca en el levantamiento de protocolos, activándose con ello, por ejemplo, la suspensión de las actividades laborales de los docentes, sin cumplir en ocasiones con un debido proceso. Según nos informan desde el Sindicato de Trabajadores/as, existe un alto número de licencias médicas por salud mental, las cuales en su mayoría tienen origen en una sensación de desprotección y en la exposición a situaciones de alta carga emocional. Al respecto Francisco de Torres, en entrevista realizada por nuestro medio, expresó su preocupación por la sensación de desconfianza que se ha instalado, y la falta de respeto por los debidos procesos. El dirigente señala que: “Nos preocupan las falencias de los protocolos internos, del RIOHS, que no dan respuesta clara ni coherente a los conflictos que pueden surgir o han surgido en el Colegio. Nos preocupa el nivel de estrés en que estamos trabajando actualmente, con el temor de que ejerciendo nuestras funciones, o aplicando reglamentos dentro del aula, nos puedan acusar y estar, por ello, involucrados en un protocolo sin obtener información clara ni oportuna del proceso”.


Actualmente la Federación de Sindicatos de Colegios Particulares se encuentra trabajando con la directiva sindical para gestionar formas de apoyo y prevenir así que los costos de una crisis mal llevada no la tengan que seguir pagando los trabajadores y trabajadoras del colegio.


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