FESICOP EXPONE EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS

Este lunes 22 de julio, la Directiva Nacional de la Federación de Sindicatos de Colegios Particulares expuso en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas. En la instancia, Camilo Castillo (presidente), en compañía con Sandra Rojas (Vice-presidenta) y Arturo Concha (Secretario General) presentaron el análisis de nuestra organización respecto al proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, el cual fue ingresado el pasado miércoles 5 de junio.

A continuación te presentamos el video de la intervención de nuestros representantes, así como también el documento con la reflexiones expuestas.

Presentación Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas

Federación de Sindicatos Colegios Particulares (FESICOP) 

Introducción

En el presente documento se sintetizan algunas de las principales conclusiones que la Directiva Nacional de la Federación de Sindicatos de Colegios Privados (FESICOP) extrajo luego de la lectura minuciosa del proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, el cual fue ingresado el pasado miércoles 5 de junio a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Estas conclusiones representan además una lectura situada, que se posiciona considerando la realidad específica de los colegios particulares pagados, los cuales cuentan con dinámicas educativas y laborales propias, que no siempre se replican en el resto de los establecimientos del sistema escolar. 

Para facilitar la comprensión, hemos estructurado esta presentación en dos partes. En primer lugar, destacaremos los aspectos positivos del proyecto de ley, especialmente de aquellos puntos que -en nuestra opinión- constituyen un avance significativo para la política educativa nacional. Por otro lado, expresaremos nuestras preocupaciones, así como también aquellos resguardos que  consideramos necesarios para prevenir y abordar de manera más efectiva situaciones de violencia, acoso y discriminación dentro de las comunidades escolares de nuestro país y, especialmente, dentro del mundo educativo particular. 

1. Aspecto positivos del proyecto de ley

Como hemos señalado anteriormente, reconocemos que el proyecto de ley presentado representa un avance en distintos ámbitos, dentro de los cuales destacamos:

1. La voluntad del Ejecutivo por asumir como una prioridad la prevención y combate de las conductas de acoso, discriminación y violencia escolar, dinámicas que afectan transversarlmente a gran parte de las comunidades educativas de todo nuestro país. 

2. El enfoque estructural y sistémico que propone el proyecto, el cual busca combatir aquellas raíces y fundamentos que afectan la convivencia al interior de los colegios, poniendo foco no solo en la erradicación de conflicto, sino también en la prevención de los mismos. 

3. La comprensión holística de la convivencia, en que se reconoce el impacto positivo que generan los ambientes de buen trato y de bienestar en los aprendizajes de nuestras/os estudiantes. Lo anterior implica aceptar además que un docente o asistente de la educación agobiado por la carga laboral, víctima de acoso, o bien que no se siente desarrollado profesionalmente, tiene menos posibilidades de ofrecer procesos educativos significativos y de calidad.

4. El énfasis en la participación de las comunidades escolares, puesto que con ello se reconocen los efectos favorables que puede llegar a generar en la convivencia escolar el involucramiento de los distintos actores que forman parte de las comunidades educativas.

5. El fortalecimiento de las herramientas que resguardan y protegen a los y las trabajadores del mundo educativo, estableciendo responsabilidades mínimas en los sostenedores para garantizar un ambiente seguro, en que docentes y asistentes de la educación puedan desempeñar correctamente y con tranquilidad sus funciones. 

II. Aprensiones respecto de la propuesta 

Sin bien reconocemos avances importantes en los principios que orientan la propuesta legislativa, nos preocupan los articulados que definirán su eventual implementación, especialmente en el contexto de los colegios particulares pagados, donde muchas de las figuras orgánicas que estructuran el funcionamiento del resto del sistema educativo no existen o, en su defecto, no se encuentran operativas en la mayoría de los colegios privados. 

A continuación presentamos algunas de las principales aprensiones que existen entre los trabajadores y trabajadoras que representamos. 

1. Fronteras del proyecto y su aplicabilidad en el contexto particular

Entre los trabajadores y trabajadoras del mundo particular existe la impresión de que las políticas educativas tradicionalmente son diseñadas con algunas fronteras que están definidas de antemano principalmente por motivos ideológicos, las cuales impiden su implementación en aquellos colegios que no reciben financiamiento del Estado, es decir, en los colegios particulares pagados. 

En algunos casos, estas fronteras se justifican bajo el pretexto de la “libertad de enseñanza”, principio que ve como una amenaza cualquier proyecto que implique regulación estatal, aun cuando estas iniciativas puedan apuntar a garantizar condiciones mínimas para el cumplimiento de la función social inherente a cualquier institución escolar. 

Para el caso del proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, se establece que para mejorar los estándares de gestión en convivencia se debe garantizar la participación de las comunidades en los procesos de elaboración del reglamento interno o en los planes de gestión de convivencia. Para ello, por ejemplo, la propuesta establece que la dirección escolar debe proporcionar los medios para la conformación de los Consejos de Profesores y del Consejo Escolar. 

Sin embargo, en los colegios particulares los Consejos de profesores no son resolutivos y, en muchos casos, tampoco se encuentran operativos. Mientras tanto, la figura del Consejo Escolar es inexistente por ley y, por tanto, en los actuales términos, el proyecto propuesto se hace inaplicable a dichos contextos. 

Es por ello que consideramos fundamental homologar a todo el sistema educativo la norma referida al carácter resolutivo de los Consejos de Profesores establecido por el Estatuto Docente, así como también extender a los colegios privados la figura del Consejo Escolar. Con esto, no solo se hará posible la aplicación del proyecto presentado por el Ejecutivo en todo el sistema educativo chileno, sino que también, y fundamentalmente, se fortalecerán aquellos espacios de reflexión y colaboración, en que profesores y asistentes de la educación podrán aportar sus saberes y expertiz, coordinarse e intercambiar  estrategias exitosas para la resolución de problemas comunes al interior de las instituciones educativas privadas. Al respecto, la Superintendencia de Educación reconoce  -en su portal web- que los Consejos Escolares promueven “la participación y reúne a los distintos integrantes de la comunidad educativa, para mejorar la calidad de la educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje”.

En este sentido, es importante destacar que los colegios particulares no están exentos de situaciones de acoso, discriminacion y violencia escolar. Durante este último año, nuestra Federación ha recibido distintos relatos de trabajadores y trabajadoras que han sido víctima de violencia física y psicológica por parte de directivos, padres y estudiantes. Por ejemplo,  en un colegio de Las Condes, una docente fue amenazada de muerte por correo electrónico por uno de sus estudiantes, quien sigue asistiendo a clases sin ninguna medida precautoria. 

1. (Des)ciudadanización en la empresa

Dentro de los establecimientos educativos, los derechos fundamentales de los y las trabajadoras deben ser reconocidos y garantizados. En esta línea, la Dirección del Trabajo en su dictamen Nº 2856-162 ya ha planteado que “la vigencia de los derechos fundamentales del trabajador se manifiesta en el reconocimiento de los derechos fundamentales denominados «inespecíficos o de la personalidad» en las relaciones laborales, lo que implica una valoración ya no simplemente del trabajo sino que de la persona que trabaja, y que a tal efecto en la Constitución está tratada no como trabajador, sino como ciudadano” (2002).

Sin embargo, en el contexto de los colegios particulares, es recurrente que frente a la presión de apoderados, o bien justificados en el interés superior de los y las estudiantes, la direcciones escolares implementen medidas que desciudadanizan a los trabajadores dentro de la empresa, negándoseles así el derecho a aspectos, tales como la integridad física y psíquica; derecho de igualdad y no discriminación; derecho al honor y a la intimidad personal;  inviolabilidad de las comunicaciones; e incluso el derecho de toda persona a ser oída en cualquier clase de proceso de acusación con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado.

Considerando lo anterior, creemos necesario reforzar en el actual proyecto medidas que promuevan una relación armónica de las garantías constitucionales que permita resguardar los derechos de todos los miembros de las comunidades escolares, favoreciendo así una convivencia en que la activación de protocolos o reglamentos escolares no deje espacios para la aplicación de medidas arbitrarias que pueden vulnerar principios consagrados en nuestra constitución vigente. 

A modo de ejemplo, en un Colegio Particular de la zona Norte de la RM, solo en el primer semestre se han producido 9 derivaciones a la ACHS por agresiones físicas (esguince de muñeca de una docente de quinto básico por parte de un estudiante de 4º básico) y psíquicas. En el caso de estas últimas, dos casos se originan debido a acusaciones de maltrato escolar que ya han sido desestimadas por investigaciones internas del Colegio. Sin embargo,  la dirección del establecimiento mantiene a las dos profesoras alejadas de sus funciones escudándose en el Reglamento Interno. Como consecuencia, las trabajadoras mencionadas se encuentran con psicoterapia y farmacología otorgada por personal de salud mental, debido al estrés agudo y la sensación de desamparo. 

1. Articulación con organismos asociados al mundo del  trabajo

Por otra parte, el proyecto presentado propone el fortalecimiento de la articulación intersectorial, medida que busca mejorar la coordinación entre distintos organismos del Estado. El objetivo, según se declara, es responder de manera más eficaz y eficientemente a las necesidades de los distintos establecimientos escolares.

A partir de lo anterior, se considera un trabajo en conjunto con distintos Ministerios, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, entre otros. Sin embargo, no se considera el Ministerio de Trabajo, mutuales, o bien otros organismos que puedan contribuir, por ejemplo, a evaluar, prevenir y combatir los riesgos psicosociales que se presentan en las instituciones escolares. 

La realidad demuestra que para prevenir el acoso o los casos de violencia en el lugar de trabajo es muy importante fortalecer los vínculos con organismos asociados al mundo laboral y de la seguridad social, sobre todo considerando que en  la mayoría de los colegios no se encuentran constituidos los comité paritarios, o bien no existen. Es importante considerar que, incluso en aquellos en que sí se han conformado, no se aplica el cuestionario de evaluación de ambiente laboral (CEAL).  Sin ir más lejos, dentro de los 27 colegios que forman parte de nuestra Federación, solo en uno se ha aplicado dicho cuestionario en los últimos dos años. 

Frente a lo anterior, proponemos fortalecer los planes de fiscalización y aumentar las sanciones asociadas al incumplimiento de la normativa laboral vigente, especialmente en los colegios particulares, donde los organismos del Estado tienden a hacerse menos presentes. Incluir estas medidas dentro del proyecto de ley es pertinente toda vez que se relaciona directamente con las diversas formas de convivencia que existen dentro de los colegios, aspecto que, como ya se ha señalado, repercute directamente en los aprendizajes y en la calidad educativa.   

1. Deberes de los sostenedores /establecimientos

Finalmente, otro de los puntos que nos parece importante destacar se relaciona con aquellas responsabilidades y obligaciones que el proyecto de ley asigna a los sostenedores  de los colegios para otorgar una adecuada protección a las comunidades educativas. 

Al respecto, es importante señalar que parte importante de las situaciones de violencia involucran a estudiantes desregulados, muchos de los cuales forman parte de los programas de integración, o bien a jóvenes afectados por trastornos asociados a la salud mental. Teniendo esto presente, es importante destacar que los colegios privados, a diferencia del resto del sistema escolar, no cuentan con marcos normativos que establezcan requisitos mínimos en la conformación de los equipos PIE, lo que termina generando contextos educativos y laborales donde existen profesionales sobre demandados que están humanamente imposibilitados a responder en forma oportuna a todos los y las estudiantes y, especialmente, a aquellos con más necesidades de contención emocional y psicológica. 

En línea con lo anterior, a través de una encuesta  realizada por nuestra federación, un 70% de los docentes consultados declaró estar “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo”  en que el colegio donde trabaja cuente con la cantidad de especialistas suficientes para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales, mientras que un 58% señala estar “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo” con que el colegio donde trabaja cuente con la cantidad de especialistas suficientes para gestionar una sana convivencia escolar.

Teniendo presente lo anterior, consideramos necesario incluir dentro del proyecto planteado por el ejecutivo ciertos criterios mínimos que aseguren la incorporación de los profesionales suficientes e idóneos dentro de los equipos psicopedagógicos. De esta manera, según consideramos, se generarán las condiciones necesarias para responder de forma efectiva y eficaz a muchas de las situaciones que terminan desencadenando episodios de violencia escolar, especialmente dentro de los colegios particulares.